Hace algunos días escuchaba a un facilitador, en una capacitación, expresar su desacuerdo con la medida que adoptan la mayoría de empresas al otorgar un monto de dinero en concepto de indemnización cuando un trabajador es despedido, mientras que cuando una persona renuncia la empresa le da un adiós a lo sumo con una palmadita en la espalda. A juicio de esta facilitador ésta práctica premia a aquella persona que sale de una institución por mal desempeño (en el caso que estas sea la razón) y por otro lado castiga a la persona que ha realizado un buen trabajo y que por diferentes motivos, asumiendo que ninguno contrario a las normas de la empresa, debe irse por voluntad propia.
La medida de indemnizar al trabajador despedido y no indemnizar al que renuncia se ampara en la garantía que la ley ofrece en muchos países a las personas que por una u otra razón pierden su empleo y la liquidación juega la función de ingresos mientras obtiene un nuevo trabajo, una medida muy justa por cierto. Otros países llegan a una justicia mayor incluso estableciendo tiempos de subsidio al desempleado. Estas situaciones tienen su asidero en medidas, normas o leyes de los Estados respaldando a la persona que se queda sin empleo.
En muchos países, estas mismas leyes no obligan a las empresas a brindar una compensación monetaria al trabajador que decide renunciar a su empleo, sin embargo, “no obligación” no es sinónimo de “prohibición”, por lo que la decisión queda en manos de la propia empresa, aunque en la mayoría de los casos la opción de no brindar ningún incentivo para el que se va por su cuenta obedece más a conveniencias financieras que a análisis y reflexiones éticas.
Otras organizaciones optan por indemnizar anualmente al total de las personas que forman parte de su plantilla con el objeto de estar libres de responsabilidades una vez se decida finalizar la relación laboral por alguna de las partes.
Existen razones muy buenas para que una empresa mantenga en sus filas a una persona por un período de 5 años o más, por ejemplo que ha visto en ella eficiencia, capacidad técnica o gerencial, honradez, disponibilidad, creatividad, respeto, entre otras muchas cosas que hacen que una persona brinde un buen trecho de su vida laboral a una institución, lo que produce que ambas partes estén satisfechas con la relación de trabajo.
No hay que olvidar que también existen motivos de carácter personal que llevan a una persona a renunciar de su empleo, lo que no relega el hecho de lo que buenamente ha aportado durante su estancia en la empresa.
Las mismas razones por la que un buen trabajador es conservado dentro de las filas de una empresa, hacen que este se vuelva atractivo laboralmente en el mundo de los empleos por lo que sin duda aparecerán nuevas opciones que le ofrezcan oportunidades de superación (profesional y económica).
Contar con una política que establezca un reconocimiento por parte de la institución al trabajador que ha permanecido varios años y que ha mostrado buen desempeño y ha generado aportes importantes, puede ser considerada por los empleados como una medida justa y ética que ha sido tomada por parte del liderazgo de la empresa, a la vez que puede convertirse en un estímulo para permanecer en la organización por un tiempo prudencial y dar lo mejor de sus capacidades a la entidad que le contrata.
No hay que perder de vista que el establecimiento de estas medidas debe ampararse en normativas internas sumamente claras y del conocimiento absoluto de las personas que integran la institución para evitar enredos innecesarios y descontentos con una medida que, lejos de causar molestias, debe ser justamente un incentivo para ambas partes.
Un tema sin duda para la reflexión y que debe ser analizado a la luz de los valores y principios que se predican en cada empresa y que deben llevar a la coherencia institucional.
Que en las empresas rige un código ético que está por encima de la rentabilidad económica es una premisa que sólo puede suponerse en una pequeña cantidad de las mismas (y aparentemente, sólo cuando la situación económica de la empresa es muy boyante). Existe a veces la impresión entre la Alta Dirección de que la salida voluntaria de un trabajador “apreciado” es una traición que, además, requerirá de un esfuerzo en tiempo y recursos para remplazarlo; se considera así que la posible “gratificación” por salida de la empresa, debe cubrir el coste de reemplazo subsiguiente.
Otra consideración es si la situación es o no justa y ese análisis es más complejo. La realidad es que todo trabajador genera un pasivo social que, podría considerarse, es un derecho adquirido, pero no creo que los legisladores se encuentren en la situación de complicarse la vida cuando aún no está resuelto el tema, por ejemplo de vincular retribución y productividad, mucho más relevante a la vista de la situación que en España se da al respecto, o el asunto del absentismo del que, por experiencia personal, puedo garantizar se abusa de forma insistente, o del asunto de días personales en algún organismo público.
Esperemos mejores tiempos para poder reclamar derechos, ahora mismo, parece que no se está por la labor.
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