Política- ficción: ¿pueden las administraciones públicas privatizar la inversión social y generar negocio social, puede éste ser eficiente y responder a la necesidad social y a la vez generar beneficio empresarial?
Los servicios sociales responden a atención, protección y desarrollo de sectores e individuos desfavorecidos, dependientes o desintegrados de la sociedad, que por sus propios medios no pueden atender sus necesidades ni alcanzar un rol integrado en la sociedad. Dicho de otra manera, los servicios sociales se dedican a prevenir, paliar o corregir desajustes entre lo que las personas son capaces de hacer autónomamente en la vida cotidiana y las redes familiares o comunitarias a las que pertenecen y que les dan apoyo.
Tradicionalmente es una función desempeñada desde las administraciones públicas que o asumen directamente la prestación o en algunos casos, subcontratan la parte más operativa, reservándose el papel regulador y el diseño y aplicación de políticas para tratar este ámbito. Lo que no cambia es el rol de garante del derecho de los ciudadanos de acceder a estos servicios. El hecho de ser una cobertura social para personas que no son atendidas desde otros ámbitos y el incremento de la exigencia social sobre los individuos y por tanto el aumento de los “descolgados” del sistema social, ha fomentado el traslado de su rol de atención, reconducción e integración social hacia otro papel más asistencial, lo que necesariamente ha incrementado la carga económica destinada y difuminado el rol original de reconducción e integración. La crisis actual hace que el número de personas afectadas aumente y que las administraciones dispongan de menos recursos, para hacer más.
Ante esta problemática, y teniendo en cuenta que difícilmente las partidas económicas van a aumentar, surgen varias posibles rutas de trabajo, mantener el status quo y continuar hasta donde los recursos lleguen, disminuir o eliminar las prestaciones en general, incrementar impuestos, externalizar servicios a la empresa privada, confiar en los sectores no gubernamentales para que asuman los servicios que dejan de ser atendidos… Quizá de estas, la mejor alternativa es la última, sin embargo, mayoritariamente, la financiación de esas organizaciones procede de la administración pública, por tanto o se habilitan nuevas fuentes de financiación o el problema retorna al origen.
Atendiendo a otra posible solución, ¿Es posible privatizar los servicios sociales sin pervertir su naturaleza?, la respuesta sencilla es, no lo es, al menos tal como se plantea desde sectores neoliberales: No es posible externalizar una actividad económicamente no viable y esperar que la “mejor” gestión privada permita generar beneficios que mantengan no solo la viabilidad de esas empresas, sino también el espíritu social que las guía. Es una manera de fomentar la desatención basada en puro economicismo y olvidar la responsabilidad como administración pública. Ejemplos de proyectos fallidos los podemos encontrar en privatizaciones de la sanidad e incluso en los servicios sociales de países considerados altamente desarrollados.
¿Es posible hacerlo de otro modo? ¿es posible compartir el esfuerzo e implicar a los stakeholders, y pagar más pero no solo por la atención sino por soluciones, no por asumir gestión o liberar al estado del compromiso social (algo afortunadamente imposible en nuestra manera de ver las cosas) sino por obtener resultados sociales positivos? Habilitar mecanismos de financiación privados que están funcionando en proyectos sociales y usar lo mejor de dos mundos: privatizar las operaciones y la gestión pero mantener la regulación y el control sobre el servicio público, premiando los objetivos, es decir pagando intereses por los resultados conseguidos, no solo por la atención prestada a un menor coste (que es el modo usual de acceder a servicios privatizados, el beneficio económico para la empresa privada sale de reducir los costes operativos, lo que necesariamente repercute en el servicio prestado al usuario), conservando el espíritu del servicio social que presta la administración.
Si esto es posible, externalizar la operativa e invertir en un modelo basado en resultados sociales, no económicos, estos vendrán después en la medida que la carga social disminuye, no antes por recortes. Privatizar no implica desentenderse, sino buscar la mejor solución.
Mayor pago implicaría mayores resultados, es decir mayor porcentaje de personas retornadas al circuito estándar y alejadas de la asistencia por no necesitarlo, no por desaparecer los recursos asignados a sus programas, lo que indudablemente significaría menores costes en los años siguientes y por tanto disminución de las partidas de coste social. Por tanto la administración no desatendería su responsabilidad social, sino que únicamente cambiaria la técnica.
Los financiadores pueden anticipar y aportar la inversión si hay posibilidad de obtener beneficio, que, nunca será como los productos de alto riesgo y alto beneficio, sino más parecido a las inversiones de largo plazo, bajo riesgo y bajo beneficio, pero también con réditos sociales, productos que también tienen un lugar dentro del mercado de inversión.
La clave final está en los operadores, los encargados de llevar a cabo esos proyectos y de conseguir los resultados esperados en la finalidad social, los emprendedores sociales y organizaciones que están orientadas a resultados y que pueden demostrar los resultados de su intervención, sin recurrir solo a argumentos de mejor gestión económica, sino a su capacidad para conseguir cada uno en su medida, resultados de integración y utilidad social.
No es únicamente una ficción, este sistema, se está probando en múltiples proyectos sociales en UK y Australia. Quizá no sea posible o resulte ofensivo desde una perspectiva de la existencia de servicios ineludiblemente públicos, sin embargo, los recursos decrecen y las necesidades aumentan y las únicas soluciones visibles que aplica la administración pública son los recortes en las prestaciones y partidas para organizaciones sociales e incremento de los impuestos.
Éste puede ser el momento de probar caminos alternativos.
desafortunadamente en algunos paises las ONG`s estamos asumiendo el trabajo que es obligacion del estado, pero cuando se van a mostrar resultados los alcaldes y gobernadores hacen parecer ese trabajo como de la administración cuando desde alli son muy pocos los recursos o acaso es posible con un aporte de 20 millones del estado se puedan sostener y/o alimentar 250 niños o 300 adultos mayores incluyendoles een ambos casos recreacion y deporte? durante un año?, imposible pero los gobiernos no se percatan que el tercer sector genera al reedor de 5 millones de empleos y que definitivamente hace lo que el estado por incapaciad no quiere hacer, Que pasaría si el tercer sector dejara de prestar sus servicios durante 3 días? o si el estado tuviera que cancelar sueldos, prestaciones, eps a los funcionarios voluntarios de este sector? ustedes saben cuanto se ahorra en gobierno en la “contratacion” con ONG?
Es un tema muy interesante. Creo que en muchas entidades sociales existe el convencimiento de que realizan sus proyectos no solamente con mejores costes que la administración, sino también con una mayor calidad. Paradójicamente, esto estaría relacionado en parte con su precariedad económica, ya que ésta influye en la captación y mantenimiento de personas muy motivadas y concienciadas, que tienden a valorar la satisfacción por la labor realizada por encima de las condiciones laborales.
Sin embargo, no basta con tener impresiones para llegar a demostrar resultados. Como acertadamente apuntas, invertir más en política social sería rentable si llevara a una disminución de este mismo gasto a corto o medio plazo, por la disminución de la solicitud de prestaciones, y unos mayores ingresos para el estado, fruto de la integración laboral.
Para demostrar resultados hay, primeramente, que estar de acuerdo en qué es “resultados” y, adicionalmente, hay que saber medirlos. Este es un punto muy débil en el funcionamiento actual de las subvenciones, y ambas partes tienen la culpa. Medir los resultados por el número de usuarios no es serio, pero en ocasiones parece que es lo que se demanda desde la administración (ya que da pie a elaborar mensajes muy sencillos, es decir, ya que facilita la propaganda) y las ONGs entran a ese juego, aunque se les supone un conocimiento más profundo de los problemas y, como mínimo, conciencia de que hacen falta otras métricas.
Es decir, para pasar de *estar convencidos* de que las ONGs gestionan mejor y obtienen mejores resultados a *demostrar* que las ONGs gestionan mejor y obtienen mejores resultados es preciso trabajar duro en definir y aplicar indicadores serios que de verdad midan el éxito de los proyectos. A juzgar por las subvenciones y contratos que se convocan, la administración en general no ha estado muy interesada en ello hasta ahora.
Aunque no tengo muy claro si no es una maniobra de privatización de servicios sociales pura y dura, “disfrazada” de buenas intenciones. Habrá que ver cómo se desarrollan en los países donde ya se han implantado.